Presos de la violencia
Las cifras que entregó recientemente el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo, sobre el hacinamiento en los centros de reclusión de Barranquilla son espeluznantes, por decir lo menos.
El titular de la entidad promotora y defensora de derechos humanos describió la situación de la estación de Policía del barrio San José, que tiene una capacidad para 6 reclusos, pero “en la actualidad en este espacio se encuentran 166 personas, lo que equivale al 2.666 % de hacinamiento”. Similar es el caso del Comando de Atención Inmediata (CAI) La Victoria, que tiene capacidad para 3 personas, se encuentran retenidas 62. Otros centros carcelarios en los que la Defensoría evidenció hacinamiento en el departamento de Atlántico son Soledad, Puerto Colombia y Malambo.
También las cárceles de Barranquilla La Modelo y El Bosque «se encuentran en la misma situación». En la primera, que tiene capacidad para retener a 454 personas, hay 604 actualmente.
«Estas cifras de hacinamiento que se presentan en los Centros de Detención Transitoria no solo demuestran que existe ausencia del espacio vital, también conllevan a la vulneración de los demás derechos mínimos como la salud, la alimentación, el acceso a la administración pública y de justicia», señaló el defensor.
La estancia allí de los reclusos y las imágenes que se transmiten a través de los medios de la manera como están hacinados nos recuerdan las muy desagradables de los videos grabados y difundidos ampliamente por el gobierno de Nayib Bukele –presidente de El Salvador– que muestran hombres semidesnudos que son conducidos ordenadamente a una especie de campo de concentración moderno y bien construido que es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, un enorme complejo presidiario localizado a las afueras de San Salvador y anunciado por el mandatario como “la cárcel más grande de toda américa”.
Debería darnos vergüenza por partida doble. Primero, porque como sociedad seguimos produciendo sistemática y permanentemente cada vez más delincuentes –de edades más tempranas– hasta el punto que ya no hay donde recluirlos. Ello originado en todo tipo de violencia: política, social, religiosa, laboral, intrafamiliar, étnica, subversiva, institucional, comercial, criminal, cibernética, colegial, etc. Todo queremos hacerlo con violencia. Aplicando la ley del más fuerte, del más poderoso. Y, en segundo lugar, porque una vez que son capturados estos presuntos delincuentes –por fin– los sometemos a unas condiciones infrahumanas intolerantes que violan su condición de personas, sin olvidar que algunas veces ejercemos la justicia por nuestras propias manos agrediéndolos y hasta asesinándolos, cuando no es nuestro aparato judicial el que los libera y terminan volviendo a delinquir.
No hemos encontrado la fórmula para no seguir produciendo criminales, tampoco la Policía ha aprendido a capturarlos después de dos décadas de expedido el nuevo sistema penal acusatorio, los pocos y congestionados jueces y fiscales que existen no han podido contener la avalancha y los devuelven a la sociedad casi siempre por vencimiento de términos, los guardias del Inpec son insuficientes para controlar a la cantidad de condenados a quienes les otorgan la casa por cárcel y las cárceles están abarrotadas hasta el extremo ya no resisten más.
Todo ello nos debería llevar a repensar al país y a cimentar un propósito nacional no solo para establecer, de manera proactiva, las responsabilidades que han tenido los diferentes estamentos de nuestra sociedad –gobernantes, empresarios, educadores, políticos, religiosos, ciudadanos, familias, etc.– en la formación de una nación tan violenta sino, mucho mejor, para rediseñar el papel que cada uno debe jugar en adelante para la construcción de un camino de reconciliación y de nuevo comienzo.
